Desde la perspectiva del sindicato, dicha descentralización de la que no se han publicitado sus beneficios, “entraña una compleja problemática social, personal y familiar para los trabajadores de la dependencia”.
Además, sostienen, la descentralización afectaría la dignidad de sus agremiados, quienes indiscutiblemente se sentirían como simples objetos susceptibles de un espacio físico a otro, trasladados arbitrariamente a un entorno social desconocido, sin haber respetado siquiera el respeto elemental a su libre decisión, sino de manera impuesta y, por lo tanto, de manera contraria a su voluntad, a sus derechos personales y laborales.
“Si se mantiene el estado de desinformación que ha privado hasta el momento, las circunstancias relativas al proyecto pueden prestarse a la especulación y a todo tipo de conjeturas, que resultan perjudiciales para este tipo de reformas”, consideraron.
Como sindicato, se comprometieron a evitar en todo lo posible la afectación a sus derechos fundamentales, con la decisión del nuevo gobierno.